Resumen: Se desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que estimó el recurso contencioso interpuesto contra la resolución municipal que ordenó la demolición de las obras sin licencia consistentes en el cierre de las plazas de garaje e incorporación de éstas a la vivienda. La sentencia de instancia procede a estimar el recurso considerando que el procedimiento ha excedido el límite temporal de diez meses previsto en la normativa autonómica, pues los plazos en la tramitación de los procedimientos son una garantía para los ciudadanos, no se puede mantener abierto un expediente durante años o indefinidamente. El expediente de restauración de la legalidad urbanística se inicia con el requerimiento de legalización, y la la Administración no ha actuado de acuerdo con la legalidad, pues sin un previo requerimiento de legalización, procede a requerir, a la mercantil apelada para que en el plazo de diez días proceda a ejecutar los trabajos de restablecimiento de la legalidad, esto es, la demolición. Se trata de un acto que resulta inválido pues no tiene respaldo legal, y habiendo transcurrido en exceso el plazo de diez meses desde su dictado hasta la fecha de notificación de la orden de demolición, la conclusión que alcanza la Sala es la de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo.
Resumen: Una Confederación Sindical y diversos profesionales médicos demandaron a la Conselleria de Justicia d ela Comunidad Valenciana por indemnización por vulneración de las condicones de seguridad e higiene durante el período de pandemnia Covi 19. El juzgado estimó parcialmente la demanda reconociendo diversas indemnizaciones a los trabajadores afectados. El Pleno d ela Sala de lo Social estima el recurso y absuelve a la Administración demandada. la nulidad de actuaciones propuesta y en cuanto a los motivos de derecho del recurso, aprecia la legitimación pasiva d ela Conselleria demandada por cuanto al declararse el estado de alarma las Administraciones autonómicas y locales sanitarias pasaban a estar bajo las órdenes directas del Ministerio de Sanidad, pero ello no impide que la Administración autonómica tuviera la gestión de los servicios sanitarios y fuera la responsable de la distribución y del reparto del material y de los equipos necesarios para prevenir el riesgo de contagio en el ejercicio de la actividad profesional de los trabajadores a su cargo . En cuanto al fondo de la reclamación no se aprecia que la administración demandada tuviera inacción ni de falta de respuesta ante tales acontecimientos, de carácter mundial. No era posible aplicar al sector sanitario medidas de cierre o confinamiento por tratarse de uno de los servicios esenciales para hacer frente a la situación . No se aprecia culpa ni negligencia de la Administración en la gestión y se absuelve a la misma.
Resumen: Solicitada por el recurrente una reclamación de compensación económica, derivada del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de ayudas Covid, y transcurrido el plazo de resolución sin que se notificara ninguna, se ha producido un estimación de lo solicitado por silencio administrativo, susceptible de ser ejecutada por el procedimiento especial recogido en el artículo 29. 2 de la LJCA.
